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Reseña histórica

A mediados de los años sesenta se crearon los primeros frentes vecinales, organizaciones locales que buscaban solucionar los problemas que afectaban a una localidad de un barrio o una vereda. Esta figura se expandió por todo el país, haciendo de las juntas de acción comunal el órgano más directo de participación ciudadana. Los directivos de las juntas terminaron siendo los voceros de la comunidad ante los gobernantes de turno y ante los políticos en campaña, hecho que los convirtió en un mecanismo para negociar clientela electoral. Las juntas comenzaron a negociar recursos para infraestructura a cambio de votos. Hasta mediados de los ochenta, no existía una entidad que agrupara estas organizaciones comunales. Para ese entonces se creó la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, que se convirtió en un organismo meramente gremial. Solo después de la Constitución del 91 algunos dirigentes del movimiento pensaron en la posibilidad de crear un movimiento político. En 1995 se inició la recolección de 70.000 firmas para conseguir la personería jurídica, la cual fue otorgada en agosto de 1997. Así nació formalmente el Movimiento Político Comunal y Comunitario de Colombia. Para las elecciones de 2001, el movimiento consiguió más de 100 alcaldías en todo el país. Se podría pensar que todas las juntas de acción comunal se unieron con este objetivo político, pero lo cierto es que a la fecha, de las cerca de 52.000 juntas que existen en Colombia, tan solo un poco más del 10% son activistas del movimiento. En realidad, el movimiento consiguió este éxito inicial gracias a la entrega de avales. En el 2000, cientos de personas de diversas facciones políticas pidieron avales que fueron otorgadas sin ningún criterio. En muchas ocasiones, una vez electos, alcaldes, concejales, diputados e inclusive congresistas desconocieron el movimiento político, como ocurrió con el representante Pedro Nelson Pardo. Pardo fue elegido por el departamento de Guainia por este movimiento político y terminó en la bancada conservadora. En muchos casos, el aval de este movimiento fue buscado por políticos de zonas con influencia de las FARC como el Caquetá, ya que la guerrilla vetó a los grupos políticos tradicionales. En el 2003, la revista Semana publicó un artículo que denunciaba esta práctica, aunque aclaraba que el movimiento comunal no era de la guerrilla, y explicaba que las FARC sólo perseguían a los caciques políticos que eran la expresión del establecimiento.

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