Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 3 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal y contra la Ley 1473 de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que el Acto Legislativo 03 de 2011 configura un exceso del Congreso en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución, debido a que al modificar las normas sobre la intervención del Estado en la economía, a fin de instaurar el principio de Sostenibilidad Fiscal, en realidad sustituyó la Constitución en cuanto a varios de sus elementos estructurales, como son la primacía de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, la autonomía de las entidades territoriales y la delimitación de la competencia del Gobierno y el Ministerio Público. En cuanto a la Ley 1473 de 2011 se aduce que, al ser sólo la instrumentalización legislativa del criterio de sostenibilidad fiscal introducido en el Acto Legislativo 03 de 2011, deviene en inconstitucional por consecuencia. La Corte precisó que la sostenibilidad fiscal constituye un instrumento para alcanzar de manera progresiva las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho y por lo tanto no implica una sustitución de la Constitución. En cuanto al incidente de sostenibilidad fiscal, que consiste en un procedimiento de índole constitucional dirigido a permitir que los Ministros del Gobierno o el Procurador General de la Nación expresen ante las Altas Cortes las explicaciones acerca de la afectación que se evidencie a la sostenibilidad fiscal, respecto de los efectos de una sentencia en particular, la Corte consideró que constituye un escenario reglado de interlocución que no desvirtúa la separación de poderes, habida cuenta que la posibilidad de modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias de las Cortes tiene carácter potestativo. Se declara EXEQUIBLE por los cargos analizados, el Acto Legislativo 3 de 2011. Frente a la Ley 1473 de 2011, se declara INHIBIDA de adoptar decisión de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.