Ey 1086 de 2006 artículos 1, 2, y 4 (parciales) por medio de la cual se permite la realización de la judicatura al servicio de las ligas y asociaciones de usuarios, los artículos demandados regulan lo siguiente: art. 1, judicatura al servicio de las ligas y asociaciones de consumidores la cual podrá ser prestada por los estudiantes de las facultades de derecho, para cumplir con el requisito de la judicatura. Art.2 de la prestación del servicio será ad honorem y no causará remuneración alguna. Art.4 regula la necesidad de suscribir un convenio especial entre la liga de consumidores y la universidad respectiva, que permita acreditar, el cumplimiento de de las obligaciones que le correspondan sobre el particular, para gozar de estos beneficios las ligas y asociaciones deberán estar legalmente constituidas, ser organizaciones idóneas y tener una existencia activa de por lo menos 5 años continuos. La actora considera que los apartes acusados contradicen el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a la libertad de asociación, debido a que la confederación colombiana de consumidores, sería la única que podría suscribir los convenios para que los estudiantes de las facultades de derecho presten servicios jurídicos en el desarrollo de la judicatura, ya que solo dicha entidad cuenta con instancias como ligas y asociaciones, es una organización nacional y tiene una existencia superior a los cinco años. La corte encuentra que las conclusiones que hace la actora respecto de las disposiciones demandadas están basadas en una interpretación descontextualizada de las mismas, porque desconoce las finalidades que tuvo el congreso al expedir la ley, en cuanto al término de cinco años de funcionamiento continuo es totalmente razonable, se insiste en que esta práctica, en el marco de análisis propuesto en esta sentencia, responde a dos condiciones específicas, la posibilidad que las ligas y asociaciones constituidas para la defensa de consumidores y usuarios puedan contar con la asesoría legal de los egresados de la carrera de derecho y la necesidad de que las instituciones de acogida cuenten con las condiciones materiales que permitan que la práctica profesional se cumpla bajo criterios de idoneidad, por lo tanto se decide declarar exequibles las normas acusadas. Exequible.