Ley 1122 de 2007 por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, literal f (parcial) del artículo 14. La expresión acusada establece que la prestación de los servicios de promoción y prevención para los afiliados del régimen subisdiado debe ser obligatoriamente contratada por las empresas promotoras de salud correspondientes con las respectivas empresas sociales del estado. El actor sostiene que dicha disposición desconoce el artículo 14 de la constitución porque el afiliado al régimen subsidiado no tiene la posibilidad de elegir libremente la empresa que prefiere para recibir los servicios de salud. Aunado a ello, se alega la violación del artículo 13 superior en tanto se discrimina a los afiliados al régimen sunsidiado respecto de los afiliados al régimen contributivo. Teniendo en cuenta que el legislador está facultado para imponer ciertas limitaciones al ejercicio del derecho a la libre escogencia, la sala entró a determinar si las restricciones dadas en el caso de que se trata, tienen fundamento constitucional. De ello se coligió que las expresiones parcialmente acusadas no establecen un trato discriminatorio entre los afiliados a las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado y contributivo. Por ende, ese cargo no prosperó. En relación con el punto tocante a la tensión suscitada entre el derecho y el servicio público a la salud y los derechos a la libertad de empresa, se concluyó que las disposiciones normativas que se acusan responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permiten concluir que dicha limitación persigue fines constitucionales que justifican la restricción de la libertad económica, pues las normas parcialmente acusadas buscan corregir deficiencias en la prevención y promoción de los servicios de salud, en ese orden de ideas, la sala concluyó que la obligación legal para las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado de contratar los servicios de salud únicamente con las empresas sociales del estado no desconoce el núcleo esencial de los derechos a la libertad de empresa y a la libre competencia de las entidades de naturaleza privada. Por lo tanto, de declaró la exequibilidad de las expresiones acusadas.