Ley 1142 de 2007 por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana, artículo 21, referente a la captura excepcional por orden de la fiscalía. A juicio del actor, la posibilidad de que el fiscal emita órdenes de captuar sin mediar autorización del juez competente, violenta los artículos 2, 4, 28, 93 y 250 superiores, el artículo 7 de la ocnvención americana de derechos humanos y el artículo 9 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. En suma, en su sentir, se revive el desaparecido artículo 300 de la ley 906 de 2004, declarado inexequible mediante sentencia c-1001 de 2005. Los cambios introducidos por el artículo 21 de la ley 1142 de 2007 a la figura de la captura excepcional por parte del fiscal general de la nación o su delegado. Estudiadas paralelamente ambas normas, se detemrinó que, no obstante existir cierto grado de similitud entre ambas disposiciones, el artículo acusado se diferencia del inexequible porque establece unos requisitos adicionales, a saber: (i) que la orden sea escrita o motivada; (ii) que existan motivos serios y de fuerza mayor que impliquen que el juez no pueda pronunciarse al respecto; (iii) que la vigencia de la orden esté supeditada a la persistencia de la imposibilidad que recaiga sobre el juez; (iv) el que se requieran medios probatorios la demuestren la imposibilidad y (v) que las causales son más exigentes y concretas. Condiciones constitucionales para el ejercicio de la facultad excepcional de la fiscalía general de la nación para ordenar la captura dentro del sistema penal vigente. Se coligió que, en los términos previstos en el artículo 250 de la constitución política, el ejercicio de esta facultad requiere el señalamiento por parte del legislador de requisitos y presupuestos claramente definidos. Precisamente por ello, se evalúo el grado de especificidad y nitidez de la disposición en comento, y se declaró que: (i) la expresión motivos serios y de fuerza mayor y el criterio de la falta de disponibilidad del juez de control de garantías, dan lugar a variadas hipótesis. Se delcaró, por tanto, su inexequibilidad. Sobre la enunciación cuando (...) No se encuentre (...) Un juez que pueda ordenarla se decidió su exequibilidad condicionada al hecho de que al fiscal le corresponde agotar previamente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de garantías ambulante. Y finalmente, se resolvió la exequibilidad de la expresión o información en el entendido de que ella fuese obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la ley 906 de 2004.