Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la ley 687 de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida. El demandante señala que las normas acusadas establecen una medida regresiva que va en contravía del efectivo goce de los derechos de las personas de la tercera edad, lo cual implica una vulneración de los artículos 13 y 46 superior. La corte señaló que la atención integral a la vejez no es un asunto exclusivo del ámbito doméstico, sino por el contrario un deber también a cargo del estado, por lo que debe existir una política pública de cuidado de la ancianidad que garantice el goce efectivo de sus derechos, así como su integración a la sociedad. La sala consideró, contrario a lo señalado por el demandante, que la norma acusada no restringe sino que amplía la protección a las personas de la tercera edad y, por tanto, no puede predicarse su naturaleza progresiva. La sala se declara inhibida para decidir de fondo en relación con los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por ineptitud sustantiva de la demanda y declara la exequibilidad del artículo 3 de la ley 1276 de 2009, por los cargos estudiados.