Ley 1324 de 2009, artículos 10 y 11 por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del estado y se transforma el icfes, el artículo 10 regula las funciones del ministerio de educación nacional, que en el pasado asumía el icfes, el artículo 11, dispone que los recursos de que trata el artículo 10 sean destinados a actividades de fomento de educación superior, el actor considera que las normas acusadas vulneran los artículos 67, 69, 150, 154, 158, 189, 356 y 359 de la constitución, el primer cargo formulado consiste en que la norma pretende disminuir los aportes directos del estado a la educación superior estatal, además al establecer las normas acudas una repartición de responsabilidades administrativas entre el ministerio de educación y el icfes, resultó el congreso inmiscuyéndose en competencias exclusivas del presidente, en el tercer cargo sostiene la demandante que las normas acusadas quebrantaron la proporcionalidad y la adecuación del reparto de competencias, al permitirle a los ministerios de hacienda y de educación retenerle a las universidades estatales recursos del presupuesto, cuarto cargo la demandante argumenta que al establecer una tasa de vigilancia, se esta creando una renta con destinación específica, lo cual esta prohibido. La corte realiza un análisis formal de los cargos, y encuentra que carecen de pertinencia, certeza y especificidad, por lo tanto decide pronunciarse únicamente sobre el cargo formulado por violación al artículo 359 constitucional, que prohíbe las rentas con destinación específica, se concluye que la constitución determinó que no hay rentas de destinación específica, exceptuando las destinadas para inversión social, situación en la que se encuentran los recursos de educación en consecuencia se decide declarar los artículos acusados exequibles.