Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 24 parciales de la ley 1383 de 2010. El actor considera que los enunciados normativos acusados son violatorios del artículo 29 de la constitución política, norma que consagra el derecho al debido proceso. El demandante alega que el artículo 18 acusado viola el derecho al debido proceso por cuanto quebranta la presunción de inocencia y el derecho de defensa a los propietarios de los vehículos y empresas afiliadoras, al establecer solidaridad entre éstas y el infractor de la norma de tránsito. Por otra parte aduce, que el artículo 24 es violatorio del derecho al debido proceso, en cuanto no establece que al propietario del automotor o a la empresa donde se encuentra afiliado el mismo, les asisten los mismos derechos del infractor de la norma, en cuanto a aceptar la infracción y acceder a la rebaja en el monto de la multa y tampoco prevé que los mismos sean reconocidos como sujetos procesales, con lo que se viola sus derechos a ser oídos, solicitar práctica de pruebas y controvertir las que fueran allegadas en su contra. La corte constató que la obligación solidaria entre el propietario del vehículo y la empresa afiliadora era razonable y proporcionada, además de que no se les desconoce el debido proceso ni el derecho de defensa. Respecto a la reducción de las multas, la corporación tampoco encontró que resultara violatoria del debido proceso. Se declaran exequibles los artículos demandados.