Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4 (parcial) de la ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la ley 769 de 2002, código nacional de tránsito y se dictan otras disposiciones. Y de los artículos 197 (parcial) y 198 (parcial) del decreto ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. El problema jurídico planteado es la vulneración del derecho al trabajo, por la exigencia de presentación del paz y salvo por infracciones de tránsito para sustituir, renovar y recategorizar la licencia de conducción. La sala considera los siguientes asuntos: 1º. El control de constitucionalidad frente a disposiciones modificadas con posterioridad a la expedición de la disposición acusada. 2º. La condición jurídica del derecho al trabajo, y, 3º. La potestad de configuración del legislador en materia de regulación del tránsito. Se concluye que, no vulnera el derecho al trabajo, el conjunto de medidas encaminadas a impedir los trámites de renovación, sustitución y recategorizacion de la licencia de conducción, para aquellas personas que no se encuentran a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito, debidamente ejecutoriadas. Se declaran exequibles los apartes normativos acusados.