Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 113 de la ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Los demandantes consideran la norma acusada vulnera el artículo 116 de la constitución política, toda vez que otorga a los notarios facultades jurisdiccionales al permitir que ante ellos se puedan practicar pruebas extraprocesales con citación de la contraparte y con observancia de las reglas de práctica y contradicción establecida en el código de procedimiento civil. A juicio de los actores, el precepto acusado incluye todo tipo de pruebas, de modo que, con base en él, los notarios quedan autorizados para practicar, sin restricción alguna, las mismas pruebas que por mandato legal pueden realizar los jueces de la república. La corte constató que la potestad que se confería a los notarios en materia de práctica de pruebas es de naturaleza jurisdiccional y por tanto resulta inconstitucional, por desconocer el artículo 116 de la carta política, no así la que se enmarca en la potestad de preconstituir prueba sumaria, admitida en determinadas actuaciones judiciales. Se declara inexequible los incisos primero y segundo y la expresión para estos efectos del inciso tercero, del artículo 113 de la ley 1395 de 2010. Se declara exequible el segmento normativo facultase a los notarios para que reciban declaraciones extraproceso con fines judiciales, contenida en el inciso tercero del precitado artículo.