Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad o la maternidad responsable. Los demandantes cuestionan la norma acusada presentando la anticoncepción quirúrgica como una opción válida para enfrentar la problemática del embarazo de adolescentes, que afecta a todos los jóvenes en capacidad de procrear. Aducen la violación de los artículos 13, 16, 42, y 45 de la constitución, al igual que la de los artículos 7, 9, 10, 18 y 37 del código de infancia y adolescencia, el 16 de la declaración universal de derechos del hombre, el artículo 17 de la convención americana de derechos humanos, los artículos 1, 7 y 24 de la convención interamericana de derechos humanos y, el artículo 16 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La corte concluyó que la prohibición de practicar la anticoncepción quirúrgica de los menores de edad es constitucional, porque es el desarrollo de la facultad que la constitución otorgó al legislador para regular la paternidad responsable y la protección de los niños. Precisó, que en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor, a solicitud de su representante legal.