Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6 y 7 (todos parcialmente) de la ley 1424 de 2010. Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen la verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones. Los demandantes señalaron que las disposiciones acusadas violan varios preceptos constitucionales relacionados con el acceso a la justicia y el alcance de los derechos de las víctimas de ciertos hechos punibles a la verdad, la justicia y la reparación, en tanto las reglas allí establecidas permitirían otorgar a los autores y/o determinadotes de graves delitos y violaciones a los derechos humanos, ventajas y beneficios que resultarían desproporcionados frente a la gravedad de sus acciones y, que en la misma medida, restringirían el derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y a obtener justicia mediante el castigo de los responsables, así como a recibir la plena reparación de los perjuicios que se les hubiera causado. Para la corte, la naturaleza de la justicia transicional, así como la viabilidad de que dentro de un marco constitucional el legislador implemente excepcionalmente medidas de este tipo y, a partir del contenido que dentro de ese contexto tienen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, son exequibles por los cargos analizados las disposiciones acusadas de la ley 1424 de 2010, con un condicionamiento en relación con un aparte de lo demandando en su artículo 4º, en el entendido de que los terceros allí referidos son únicamente los relacionados en el artículo 33 de la constitución política y los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley.