Demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 1425 de 2010. Por medio de la cual se derogan artículos de la ley 472 de 1998 – acciones populares y de grupo. La demanda se sustenta en los siguientes cargos: 1º. Omisión legislativa relativa. 2º. Violación al principio internacional de progresividad y no regresividad en materia de mecanismos de protección de derechos económicos, sociales y culturales. 3º. Vulneración al preámbulo y el contenido de algunos artículos de la constitución. 4º. Violación de los principios constitucionales de prevalencia del interés general, trabajo, solidaridad y participación. 5º. Violación de los principios de buena fe y confianza legítima. 6º. Vicio material de competencia y procedimiento, por cuanto debió ser tramitada como una ley estatutaria y 7º. Violación al límite de libertad de configuración del legislador en materia de derechos colectivos en detrimento de los artículos 1, 2, 88 y 89 de la constitución. La corte concluye que no le asiste razón al demandante desde la perspectiva analizada, por cuanto la ley 1425 de 2010, al eliminar los incentivos económicos de las acciones populares no reguló aspectos estructurales del ejercicio de derechos fundamentales o de los mecanismos para su protección, así como tampoco restringió el ejercicio de las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Se resuelve, estarse a lo resuelto en la sentencia c-630-11 y declarar exequible la ley 1425 de 2010, en relación con el cargo de violación de la reserva de ley estatutaria