Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Se formulan cargos en contra de la expresión ciudadanos contenida en el artículo 2 de la norma acusada y se argumenta el desconocimiento del derecho de petición y el de la igualdad previstos en la constitución política, en la medida en que únicamente faculta a los ciudadanos, y no a todas las personas, para presentar solicitudes respetuosas a las autoridades. La corte inicialmente se pronuncia sobre la sentencia c-818/11 dado que, mediante ella, se declaró la inexequibilidad de los artículos 13 a 33 de la ley 1437 de 2011, en consideración a que tales disposiciones regularon el derecho de petición de manera integral, estructural y completa, sin seguir el procedimiento estatutario exigido en la carta y, se ordenó aplazar los efectos de dicha declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2014, para no crear un vacío jurídico que anularía el ejercicio de tal derecho fundamental. La corte concluye que no es viable un pronunciamiento de fondo como quiera que, en estricto sentido, no existe ningún cargo o acusación específica respecto de la cual se pueda determinar su prosperidad. La sala decide estarse a lo resuelto en la sentencia c-818/11 y declararse inhibida de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión acusada, por ineptitud sustantiva de la demanda.