Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 23de la ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. El demandante alega que la norma acusada vulnera el inciso tercero del artículo 48 de la constitución política, entre otras razones, por dificultar el cumplimiento de la obligación de ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social en salud, la cual comprende no solamente el número de afiliados, sino también la extensión de la infraestructura hospitalaria del país. Se aduce, que el legislador prohibió el uso de los excedentes de la upc para los anteriores efectos, solamente con miras a mejorar el flujo de recursos hacia las ips, eliminando el único mecanismo que existía de gestión conjunta del estado y los particulares para la creación progresiva de nuevas instituciones de salud, sin prever un medio sustituto que permitiera continuar cumpliendo esta obligación constitucional. La corte reafirmó que los recursos que administran las e.p.s. deben estar destinados exclusivamente a la prestación de los servicios de salud y determinó que la prohibición establecida en la norma no se opone a la constitución, por cuanto, si bien limita el uso de los recursos originados en las upc excluidos los gastos de administración, para la compra de activos fijos y se impide su inversión en infraestructura, tal limitación se ajusta a la carta desde el punto de vista de la satisfacción de otros contenidos del derecho a la seguridad social en salud. Se declara la exequibilidad de los textos normativos acusados.