Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 (parcial) de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. El demandante, actuando en representación de la defensoría del pueblo, adujo que la norma acusada, al exigirle a los niños, niñas y adolescentes desmovilizados que cumplen la mayoría de edad un certificado expedido por el coda como requisito previo para ingresar a los programas de reintegración social y económica ofrecidos en favor de las víctimas del reclutamiento forzado, desconoce los principios de igualdad, interés superior del menor y buena fe. Igualmente, el derecho a la restitución como componente preferente y principal del derecho fundamental a la reparación integral. Como quiera que la sala consideró que la norma demandada admitía diversas lecturas, no todas ajustadas a la constitución, decidió declarar su exequibilidad condicinada. Consecuentemente precisó, que la certificación de desvinculación que expida el comité operativo de la dejación de armas se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.