Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la ley 1450 de 2011, por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2010-2014 y contra los artículos 20, 49, 59 (parcial), 51, 52 (parcial) y el parágrafo primero (parcial) del artículo 173 de la ley 1753 de 2015, por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2014-2018. Los cargos de inconstitucionalidad planteados se pueden agrupar en: 1º. vulneración de los derechos a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria. 2º. La trasgresión de los principios de autonomía de las entidades territoriales y el derecho a una representación política efectiva en lo local y, 3º. Violación del derecho al medio ambiente sano y de la protección de la riqueza natural a cargo del estado. La corte constitucional concluyó, de acuerdo a cada uno de los cargos formulados, lo siguiente: 1º. Que al armonizar la organización unitaria del estado con la autonomía territorial, en la definición de las áreas de reserva minera y en los procesos de selección objetiva para otorgar una concesión minera en dichas áreas, se deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde vayan a estar ubicadas. 2º. Que la facultad de clasificar ciertos proyectos como proyectos de interés nacional y estratégicos (pine) no desconoce las facultades de las entidades territoriales en materia de reglamentación del uso del suelo y de expropiación en los casos que determine la ley. Sin embargo, la facultad para adelantar expropiaciones judiciales o administrativas sobre bienes necesarios para adelantar dichos proyectos es inconstitucional, pues la falta de precisión respecto de la causa expropiandi desconoce los derechos de propiedad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa. 3º. Que la utilización de predios para pines no puede considerarse una causal de imposibilidad jurídica para restituir las tierras despojadas a las víctimas del conflicto armado interno. 4º. Que excluir a las car del trámite de las licencias ambientales de los proyectos pines vulnera el régimen de su autonomía y, 5º. Que la explotación minera y de hidrocarburos en páramos desconoce el deber de proteger áreas de especial importancia ecológica y vulnera el derecho fundamental al agua.