Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 7 y 10, 19. 65 (parciales) de la ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de la infancia y la adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones. La corte considera que el actor construyó cuatro cargos de inconstitucionalidad que sintetizó en: 1º. Vulneración del derecho al debido proceso, específicamente al principio non bis in ídem. 2º. Infracción del principio de estricta legalidad penal, integrante del derecho al debido proceso. 3º. Desconocimiento del orden justo contenido en la constitución política y 4º. Quebrantamiento del principio de presunción de inocencia. La corte concluye que: el tipo penal de uso de menores de edad en la comisión de delitos, es un delito autónomo y no da lugar a una vulneración de la prohibición de la doble incriminación. La potestad punitiva del estado está limitada por los deberes de observar la estricta legalidad, respeto de los derechos constitucionales y de los principios de proporcionalidad y razonabilidad del tipo penal y su sanción, así como de la detención preventiva y la presunción de inocencia. Se declara la exequibilidad del artículo 7º atacado, al igual que de las expresiones u objetos peligros contenidas en el artículo 10 y de nueve (9) a doce (12) años incluida en el inciso primero del artículo 19 de la ley 1453 de 2011. Frente a la expresión la pena anteriormente dispuesta se duplicará, inmersa en el inciso tercero del mismo numeral 19, la sala se declara inhibida. Con relación al texto estar acusado o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de, se declara su inexequibiliad.