Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 42 de la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El artículo demandado establece el poder preferente de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura en relación con los procesos que son competencia de sus seccionales, la facultad de disponer el cambio de radicación de esos procesos y la creación de las salas de decisión pertinentes. El actor invoca la violación del principio de reserva de ley estatutaria, la afectación de la cláusula de reserva de ley prevista en el artículo 150-3 de la carta política y la conculcación del derecho al debido proceso. La corte encontró que la norma demandada otorga competencia al consejo superior de la judicatura para ejercer el poder disciplinario preferente en los asuntos de competencia de los consejos seccionales, pudiendo disponer el cambio de radicación de procesos, en cualquier etapa y crear las salas de decisión respectivas, a través del reglamento interno de la respectiva corporación, a sabiendas que el poder preferente regulado no es comparable con el control fiscal excepcional a cargo de la contraloría general de la república sobre entidades territoriales, ni con el poder disciplinario preferente de la procuraduría general de la nación que tiene expreso fundamento constitucional. Además se está ante el ejercicio de una función de naturaleza jurisdiccional que afecta los conceptos de juez natural y la doble instancia por la inexistencia de parámetros, reglas y directrices en que habría de ser ejercida dicha atribución. Se declara la inexequibilidad del artículo 42 de la ley 1474 de 2011.