Demanda de inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 98 de la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. La demandante adujo que la norma acusada es contraria a los artículos 2 y 29 de la constitución, al generar una contradicción normativa que afecta significativamente el derecho al debido proceso del investigado. Lo anterior, porque de un lado confirma la validez de las audiencias que cuenten solo con la presencia del apoderado de confianza escogido por el imputado sin que se requiera la comparecencia del presunto responsable fiscal y, por el otro, exige también la comparecencia del investigado a tales audiencias, so pena de aplicarle cargas procesales altamente significativas por su inasistencia. La corte estudió el cargo sobre posible violación del derecho al debido proceso administrativo, encontrando que los cambios que en relación con estas actuaciones introdujo la ley 1474 de 2011 persiguen una finalidad constitucionalmente válida y que la medida en cuestión es idónea para el logro de su propósito. Pese a lo anterior, consideró desproporcionada en cuanto a sus gravosas consecuencias, pues la presencia del apoderado debidamente reconocido es usualmente considerada suficiente, en cuanto expresión del interés del investigado por participar de la actuación, como en lo relacionado con la debida garantía de sus derechos. En razón a lo anterior, la corte decidió declarar exequible el inciso acusado, en el entendido de que las cargas de desistimiento y archivo de la petición o de la declaratoria de desierto del recurso que debe ser sustentado, no se le aplicarán al presento responsable fiscal, cuando en la audiencia correspondiente éste no asista y sólo comparezca su apoderado, cuya personería jurídica haya sido debidamente reconocida en el proceso, siempre y cuando los efectos desfavorables en él previstos no se generen en los casos en que, aunque a la audiencia no asista el investigado, sí lo haga el apoderado previa y debidamente reconocido.