Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión por un período fijo de cuatro años contenida en el inciso 2º del artículo 8º de la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A juicio del demandante, la circunstancia de que el precepto demandado haya establecido una diferenciación en el régimen jurídico de los jefes de la unidad de control interno de las entidades estatales del orden nacional y las del orden local, y en particular, el que se haya dispuesto que los primeros son de libre nombramiento y remoción, mientras que segundos tienen un período fijo de cuatro años, infringe los artículos 158, 123 y 125 de la carta política. La corte se inhibe de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.