Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1482 de 2011, por medio de la cual se modifica el código penal y se establecen otras disposiciones. Los demandantes consideran que la norma es inconstitucional, en tanto se omitió el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Igualmente alegan que en el trámite de la ley fue desconocido el principio de identidad flexible,, debido a que el proyecto de la norma fue originalmente concebido para la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes, en especial a su derecho a no ser discriminado mediante expresiones o comportamientos racistas, sin embargo, a partir de los debates en cámara fueron incluidos temas extraños a este tópico, tales como la tipificación de actos de discriminación en razón de la nacionalidad, género, orientación sexual o relacionados con el antisemitismo. Por último, aducen vulneración del principio de legalidad penal, en razón a que los tipos previstos en la norma acusada no identifican adecuadamente al sujeto activo de la conducta, así como el contenido del comportamiento objeto de sanción penal. Para la corte, la aprobación de la ley 1482 de 2011 no requería de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, por cuanto su objeto es el de proteger a todas las personas víctimas de discriminación, no solo por motivos de raza sino también por cuestiones religiosas, ideológicas, políticas, de origen nacional, étnico, cultural, y de sexo u orientación sexual. Asimismo concluyó que el procedimiento de debate y aprobación surtido para esta ley no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible