Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 parágrafo 1; 4 literal (a) y 19 de la ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. Para el demandante, las normas acusadas desconocen varios mandatos constitucionales, en particular, los dispuestos en los artículos 1, 2, 6, 48, 53, 77, 113, 209, 210 y 338 superiores. Para la corte, el que el ministro de tecnologías de la información y las comunicaciones haga parte de la junta nacional de televisión, lejos de afectar la autonomía de la autoridad nacional de televisión, contribuye a que las funciones de las entidades del sector estén armonizadas con el fin de procurar el cumplimiento de los objetivos propios de cada organismo, sobre todo, la eficiencia en la prestación del servicio de conformidad con las normas constitucionales y legales que lo rigen. La sala plena declara la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 2 y del literal a) del artículo 4 de la ley 1507 de 2012 por los cargos examinados y además se declara inhibida para decidir de fondo en relación con el cargo propuesto contra el artículo 19 de la precitada norma.