Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 47 parcial de la ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. El demandante considera que la norma acusada viola el derecho de acceso a la justicia, al establecer la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios, fijándose así una carga gravosa a la persona que, teniendo un título ejecutivo oponible a un municipio, no pueda acudir directamente al proceso ejecutivo para cobrar las obligaciones a su favor. La corte determinó que el establecimiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos contra los municipios no vulnera el acceso a la justicia ni la igualdad, salvo en el caso del cobro ejecutivo de acreencias laborales a favor de trabajadores. Se declara la exequibilidad condicionada de los apartes normativos demandados, bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo.