Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 28 (parcial) de la ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. A juicio del actor, el aparte normativo acusado vulnera los artículos 125 de la constitución política y los artículos 156, 157 y 158 de la ley 270 de 1996. En el análisis y resolución de la demanda, la corte reafirmó la aplicación del principio de mérito para la designación de los magistrados que conocen de los procesos de justicia y paz. Se decidió: 1º. Declarar inexequible la expresión las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la ley 270 de 1996, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la ley 1592 de 2012 y, 2º. Declarar la exequibilidad condicionada de la expresión la sala plena de la corte suprema de justicia proveerá los cargos de magistrados del tribunal superior de distrito judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, en el entendido que los cargos a los que se refiere dicho precepto legal, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigentes en materia penal.