Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4 y 7 (parciales) y 10, 11, 13 y 14 (integrales) de la ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Las acusaciones de la acción pública fueron sintetizados en dos cuestiones: la primera, si el legislador vulneró el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, en tanto se decidió considerar como gravables por el impuesto sobre la renta los ingresos provenientes de beneficios laborales mínimos, como por ejemplo el salario y las prestaciones sociales. La segunda, si más allá de lo anterior, el congreso violó el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, con todas las exigencias de derechos humanos que esto implica, al considerar como gravables –en los sistemas iman e imas-pe-, las rentas laborales antes enunciadas como exentas. La corte concluyó, que la potestad del legislador para gravar las rentas de trabajo, con fundamento en el deber ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos públicos en el marco del estado social de derecho, no tiene un carácter absoluto. Determinó, en virtud de la prohibición de regresión, que el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas iman e imas-pe, debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas. Se declaran exequibles, por los cargos examinados, los artículos 3, 4 y 7 (parciales). El artículo 10 también se declara exequible, pero condicionado. Se precisa, que esta decisión empezará a regir a partir del período gravable siguiente al de este fallo y que se declara en el subsiguiente.