Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3 (parcial), del artículo 71 de la ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Se plantea que el legislador, al gravar con el impuesto nacional al consumo los servicios de alimentación bajo contrato vulneró los artículos 1, 2, 13, 44, 46. 47 y 363 de la constitución, al no haber excluido a quienes por su condición económica o de discapacidad no tienen acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, que son aquellos contratos celebrados con recursos públicos y destinados a la asistencia social. Para la corte, el legislador incurrió en una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa al no contemplar entre las exenciones al impuesto al consumo a los servicios de alimentación contratados por el estado destinados a instituciones de asistencia social. Se declara la exequibilidad condicionada de la expresión acusada, en el entendido de que se exceptúan del impuesto nacional al consumo los celebrados por instituciones del estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social.