Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 112 a (parcial) de la ley 65 de 1993, por la cual se expide el código penitenciario y carcelario, adicionado por el artículo 74 de la ley 1709 de 2014. El accionante considera que la norma acusada, al prever que las personas privadas de la libertad solo pueden recibir visitas de niños, niñas o adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad o primero civil, afecta sus derechos fundamentales a una vida digna, a la igualdad y a tener una familia, en cuanto reduce el margen de visitas en ese orden a los hijos naturales y adoptivos, excluyendo toda posibilidad de que los reclusos puedan ser visitados por familiares menores de edad que no se encuentren dentro de ese grado de consanguinidad, como ocurre con los nietos, sobrinos e hijos de crianza. La corte considera que las personas privadas de la libertad pueden recibir visitas de niños, niñas y adolescentes que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad surgido a partir de lazos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad protección y asistencia con dicha persona. Precisa, que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien debe valorar si se da esta autorización cuando la persona haya sido condenada por un delito en que la víctima sea un menor de edad. Se exhorta al gobierno nacional para que, a través del ministerio de justicia, proceda a expedir la respectiva reglamentación en la que se incluya las visitas a las personas privadas de la libertad, de los niños, niñas o adolescentes que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad con el interno, definiendo también las condiciones en que deben llevarse a cabo tales visitas. Exequibilidad condicionad.