ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO, CUANDO SE TRATA DE PROYECTOS QUE REQUIEREN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. Igualmente, contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo 2014, todos por un nuevo país. El demandante considera que las expresiones acusadas vulneran los artículos 287, 298, 303, 305-2, 314 y 315 de la Constitución, todos ellos referentes a diferentes garantías constitucionales que integran la autonomía de las entidades territoriales. La Corte considera que la previsión legal que prohíbe la celebración de contratos de Asociación Público Privada (APP) en el último año de gobierno del mandatario local, no vulnera las normas constitucionales que establecen la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por sus autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan y gestionar sus propios asuntos. Igualmente considera, que el precepto normativo que determina que los gobiernos locales que suscriban contratos de APP no pueden retribuir al inversionista privado con derechos reales sobre inmuebles de propiedad de la entidad territorial, que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales de administrar sus recursos, previsto en el artículo 287-3 de la Constitución. En consecuencia, declara la EXEQUIBILIDAD del numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “del orden nacional” contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015.