IMPUESTO AL CONSUMO. APREHENSIÓN DE MERCANCÍA RESPECTO DE LA CUAL NO SE ACREDITE EL PAGO DE ESTE IMPUESTO. MULTA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El demandante considera que la expresión impugnada vulnera el artículo 29 de la Carta Política. Aduce, que el hecho de que un funcionario administrativo tenga la posibilidad de imponer una sanción de multa y de cierre temporal de un establecimiento de comercio cuando no se acredite el pago del impuesto al consumo para mercancías vulnera el derecho de defensa del procesado, en la medida en que le impide ser oído en una audiencia previa donde tenga la posibilidad de designar un defensor, preparar su defensa y solicitar, aportar y controvertir las pruebas. La Corte concluye que la norma acusada se debe interpretar de manera integral, sistemática y teniendo en cuenta las remisiones que se hacen al Estatuto Tributario y Aduanero y en las normas administrativas de carácter general contenidas en el CPAC. Considera, que es constitucional, ya que se comprueba que para la imposición de las sanciones de cierre temporal del establecimiento y de multa se respeta el derecho al debido proceso a través del recurso de reconsideración y del trámite administrativo, en donde se garantiza los derechos de defensa, aporte y contradicción de pruebas, notificación e impugnación de la decisión del investigado. EXEQUIBLE.