JUSTICIA PENAL MILITAR. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de las Leyes 1765 de 2015 y 1407 de 2010. Los demandantes consideran que las normas acusadas desconocen algunas disposiciones de la Constitución Política, al igual que de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. A través de varios cargos de inconstitucionalidad alegaron que la trasgresión se producía por vicios de procedimiento y de fondo. Los primeros, derivados de la presunta violación de la reserva de ley estatutaria y los otros, en razón a la ampliación indebida de la competencia de la justicia penal militar; la posibilidad del juzgamiento de civiles por parte de la dicha justicia; el desconocimiento de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la administración de justicia; la vulneración de los derechos de las víctimas; la violación de la prohibición constitucional expresa de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas militares y el desconocimiento del diseño constitucional para la Fiscalía General de la Nación. La Corte precisó el ámbito de aplicación de la justicia penal militar y policial y las garantías de que deben gozar las víctimas en la defensa de sus derechos en los procesos penales que adelanta esta jurisdicción. Precisó, que su organización y funcionamiento no requiere de la expedición de una ley estatutaria. La Sala Plena adoptó varias decisiones de exequibilidad condicionada, otras de inexequibilidad y algunas de inhibición para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda y carencia actual de objeto.