Ley 776 de 2002 por medio de la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales, artículo 7. La norma acusada, que toca la determinación del monto de la indemnización por incapacidad permanente parcial para los afiliados al sistema de riesgos profesionales, se estima contraria a los convenios 17 y 18 de la oit, que establecen para tales eventos la necesidad del reconocimiento de una renta o prestación periódica, situación que, igualmente, se encuentra violatoria de los artículos 48 y 53 superiores en cuanto a la trascendencia del principio de progresividad en materia normativa. Alcance de la protección de la figura de la incapacidad permanente parcial en la ley 776 de 2002 y contenido de los artículos 5° y 1° de los convenios 17 y 18 de la oit respectivamente. Se coligió que, a diferencia de lo estimado por el actor, del contenido de los artículos de los convenios citados no se desprende la obligación de pagar todas las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales mediante de pagos en forma de renta. Por tanto, la norma patria no contradice la normatividad internacional. Carácter fundamental de los derechos a la seguridad social, protección constitucional en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y principio de progresividad y prohibición de regresividad. Reiteración jurisprudencial. Analizadas los tópicos previamente anotados, la sala determinó que el actor no comparó adecuadamente la regulación precedente con la fórmula de protección recientemente estatuída, pues está no sólo comprende el pago de una indemnización sino que obliga al empleador a mantener vigente el vínculo laboral. Ello vas más allá que la simple cancelación de un pensión por invalidez. Por ende, la figura que se cuestiona representa un amplio espectro de garantías. Exequible