Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 7, 10, 12 y 13 (todos parciales). Los artículos atacados hacen referencia a los requisitos generales y especiales para acceder a los cargos de magistrados de tribunal superior, fiscal penal militar, juez de primera instancia penal militar, fiscal penal militar ante los juzgados de primera instancia, auditor de guerra y juez de instrucción penal militar en la jurisdicción penal militar para el demandante, los apartes acusados vulneran los artículos 221 y 243 de la constitución, por cuanto se configura una omisión legislativa relativa, con la cual se vulneran las garantías que se les brindan a los acusados para que éstos sean investigados y juzgados por sus pares y además, porque en el asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, derivada de un pronunciamiento anterior de esta corporación. La corte considera que no se incurrió en una omisión legislativa relativa por no haberse establecido la exigencia de ser oficial en servicio activo o en retiro de las fuerzas militares para los cargos de fiscal penal militar y juez de instrucción penal militar, pues existen razones de fondo para un trato diferenciado, máxime cuando se trata de funcionarios de la jurisdicción penal militar que no ejercen funciones de juzgamiento. Se declaran exequibles por los cargos analizados, los segmentos demandados de los artículos 4. 7,10 y 12 y frente al aparte demandado del artículo 13, se declara inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda.