Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15, numeral 2 (parcial) de la ley 986 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones. Se aduce que la norma acusada infringe la constitución política, porque genera un trato diferenciado entre los trabajadores víctimas de secuestro según estén vinculados con contrato a término indefinido o a término fijo, en relación con la continuación del pago de salarios y prestaciones legales. Para los demandantes, esta diferenciación representa un déficit de protección para los últimos y vulnera la dignidad humana, el principio de solidaridad, el derecho a la igualdad, la protección a la familia, al trabajo y a la seguridad social, al igual que el principio de solidaridad y normas de pactos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Para la corte, limitar el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador víctima de secuestro hasta el vencimiento del término del contrato laboral, resulta una medida razonable y proporcionada. Se declara la exequibilidad de la expresión hasta el vencimiento del contrato o.