Revisión previa del proyecto de ley estatutaria no. 023/06 senado y no. 286/07 cámara por medio de la cual se reforma la ley 270 de 1996 estaturia de la administración de justicia. La corte recordó que el control que ésta ejerce sobre proyectos de ley de esta entidades previo, automática e integral. Esto último comporta que se haga un estudio formal y material del proyecto en cuestión. Inicialmente, se verificó el cumplimiento de los requisitos que en la materia establecen los artículos 157 y 158 superiores. En razón de ello, se declaró su exequibilidad por razones de trámite. En cuanto al contenido del mismo, la corte hizo ciertos apuntes y, no obstante la generalidad del proyecto fue declarado exequible, se decidió la inexequibilidad de algunos apartes y expresiones contenidas en el mismo. Así, se resolvió la inexequibilidad de determinados apartes del artículo 2 relativos a la regulación del denominado arancel judicial, debido a que presentaban un alto grado de indeterminación, afectaban el derecho a la igualdad y desconocían las reglas constitucionales para la determinación de la tarifa por autoridades distintas al legislador. Igualmente, se declaró la inexequibilidad del inciso 2 del artículo 7 del proyecto de ley debido a que éste desconocía la cláusula de reserva de ley prevista en el artículo 234 superior, en la medida en que autorizaba a las salas especializadas de la corte suprema de justicia para crear salas de decisión encargadas de resolver los asuntos propios de la jurisdicción ordinaria cuando se presentaran problemas de represamiento y congestión judicial. Ello, no porque el legislador no esté facultado para autorizar la creación de salas de decisión, sino porque se omitió la fijación de los parámetros mínimos para su funcionamiento y estructura. Así mismo, se resolvió declarar inexequible el artículo 24 del precitado proyecto, pues el traslado de las competencias asignadas a la corte suprema de justicia y tribunales superiores por las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, en materia de cambio de radicación de procesos y de impedimentos y recusaciones, al consejo superior y los consejos seccionales de la judicatura, se encontró contrario al ordenamiento constitucional. Igual percepción se tuvo en relación con el artículo 26 que pretendía pasar las competencias de la corte suprema de justicia y de los tribunales superiores, pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, al consejo superior de la judicatura,en materia de solución de conflictos de competencia entre autoridades que pertenecen a la jurisdicción ordinaria pero tienen distinta especialidad. En suma, la generalidad del proyecto de ley en cuestión se encontró conforme a la constitución.